A pesar del lógico sometimiento de los poderes públicos a la Ley y al Derecho, lo cierto es que, en demasiadas ocasiones, los empleados públicos y las personas que optan a serlo, padecen la arbitrariedad y la no aplicación de los derechos reconocidos legal y convencionalmente.

Las normas reguladoras de los procesos selectivos y de los concursos de traslados y su aplicación, suelen ser origen de vulneración de derechos. Bases de oposición que incumplen los principios fundamentales del acceso a la función pública, baremo de méritos con aplicación de criterios no objetivos, no reconocimiento de méritos acreditados, plazas que no forman parte de los procesos selectivos cuando deberían estar incluidas, bolsas de trabajo a las que se aplican criterios arbitrarios, etc. En definitiva, estos procesos de selección de personal, suelen ser una permanente fuente de conflicto jurídico.

Por otro lado, las administraciones públicas, de forma reiterada, están vulnerando la Directiva Comunitaria 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada, abusando permanentemente, del uso de contratos y nombramientos temporales, así como de la figura de los indefinidos no fijos, para cubrir puestos de trabajo estructurales y no eventuales de la administración. La reclamación de fijeza por parte de estos trabajadores y trabajadoras, supuestamente temporales, es otro ámbito importante de actuación ante los Juzgados de lo Social y de lo Contencioso-administrativo.

Los aspectos retributivos de los empleados públicos, generan también una enorme conflictividad. Reconocimiento de trienios y sexenios, carrera profesional, indemnizaciones por cese y por razón del servicio, realización de funciones de superior categoría, reconocimiento de grados, niveles, complementos específicos y de destino, etc. Todo ello suelen ser cuestiones de permanente debate en los Juzgados.

El Estatuto Básico del Empleado Público y las normas que lo desarrollan, establecen un procedimiento sancionador para los empleados públicos, muy diferente al contemplado para los trabajadores y trabajadoras de la empresa privada. En algunos aspectos más garantista y en otros imponiendo peores condiciones. Su deficiente aplicación por algunas administraciones, suele ser una cuestión jurídicamente recurrente.

La vulneración de lo establecido legalmente para el ejercicio de derechos como vacaciones, asuntos propios, acceso a la jubilación, comisiones de servicio y humanitarias, excedencias, compatibilidades, modificaciones de condiciones de trabajo, jornadas y determinación horaria, etc. generan también continuos conflictos laborales, que requieren de la actuación de los Juzgados de lo Social y de lo Contencioso-administrativo.

Si eres empleado público (funcionario, personal estatutario de sanidad, laboral, etc.) o estas opositando para serlo y consideras que no se están respetando tus derechos, puedes ponerte en contacto con este despacho profesional. Gratuitamente se analizará la situación jurídica en la que te encuentras y las posibilidades de éxito al formular una reclamación administrativa o judicial, así como de los costes económicos de su interposición. Con ello podrás valorar la conveniencia o no de formular la correspondiente reclamación.