El artículo 50.1.b del  Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de las personas trabajadoras a extinguir su relación laboral, cuando exista falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario y en tales casos, a obtener la indemnización establecida para el despido improcedente.

Aunque se trata de un derecho de los trabajadores, para hacerse efectivo es necesario que dicha situación sea declarada por un Juez.

También se puede obtener a través de un acto de conciliación administrativo, pero esta situación puede plantear dificultades, tanto a la hora de solicitar de la prestación de desempleo, como para cobrar la indemnización.

Los tribunales han venido a establecer que, para obtener la extinción del contrato por impago de salarios, tiene que haber, al menos, cuatro mensualidades completas pendientes de abono.

En cuanto el retraso en el pago de salarios, los Juzgados de los Social han entendido que existe un incumplimiento grave que justifica la extinción del contrato, cuando hay un retraso medio de 12 días durante 11 mensualidades, aunque existen sentencias que han reconocido la extinción con retrasos inferiores o en menos mensualidades.

Durante el tiempo que dure el proceso legal por el que se solicita la extinción del contrato, el trabajador o trabajadora debe seguir yendo a trabajar, aunque cuando se presenta la demanda se puede solicitar que se exima al trabajador de acudir a su puesto de trabajo.

La extinción del contrato de trabajo por incumplimiento empresarial, es un procedimiento donde los juzgados tienen un amplio margen de valoración.

Antes de iniciar este proceso, es importante que un profesional del Derecho Laboral valore las posibilidades de éxito y cuantifique la posible indemnización a percibir. Para ello, puedes ponerte en contacto con este despacho profesional. Gratuitamente se hará una valoración previa de tu situación legal y un presupuesto de costes económicos que derivarán de la reclamación a plantear.